Vemos con mucha preocupación el avance sostenido del comercio informal en inmediaciones de centros comerciales. Esta situación, lejos de ceder, se ha ido agudizando y afecta gravemente al comercio formal, a consumidores, a los trabajadores y a su seguridad.
Los centros comerciales son uno de los motores del comercio establecido, el principal empleador del país y un sector clave para la economía. Sin embargo, enfrentan una competencia desleal de quienes operan sin cumplir normas legales, tributarias ni sanitarias. La delincuencia se camufla en el desorden, afectando incluso a guardias de seguridad y los consumidores se exponen a productos sin garantía ni estándares mínimos de calidad, dañando, además, la imagen turística de nuestras ciudades.
Valoramos el esfuerzo coordinado de autoridades y policías, pero es insuficiente. Se necesita una política de Estado que enfrente la informalidad con fiscalización e inclusión laboral formal. No podemos naturalizar esta realidad. Urge proteger al comercio establecido, que cumple la ley, genera empleo formal y paga impuestos.
