MAYOR CONTROL Y SANCIONES MÁS ALTAS: CLAVES PARA COMBATIR LOS DELITOS (DF 3.10)

«Hay un diagnóstico compartido por el sector privado, las policías, las autoridades locales, y las del Ministerio Público, del poder ejecutivo y del legislativo: que el comercio ilícito es un problema grave, que debe ser abordado desde diversos frentes pues existen verdaderas mafias que evaden los sistemas de control. Se requiere mejorar la legislación actual, pero también necesitamos coordinación, voluntad política y trabajo público-privado para enfrentar este problema’, argumenta la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich.

En el país existen leyes referentes a la propiedad intelectual, de propiedad industrial y otras normas que sancionan delitos como la apropiación indebida. En paralelo, también avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca combatir el comercio ilícito y la piratería, y que en 2018 retomó su discusión tras casi nueve años de silencio parlamentario.

‘La iniciativa aprobada eleva penas y multas, enfrenta la piratería intelectual, entrega mecanismos que facilitarán la labor policial para investigar el comercio ilegal y, por sobre todo, apunta a desbaratar las bandas de crimen organizado, que son las proveedoras de la actividad ilícita. Es importante recordar que el comercio ilícito no se combate persiguiendo a los vendedores ambulantes, sino que hay que atacar a las redes de distribución ilícita’, afirma Trusich.

Coincide Álvaro Márquez, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética de Chile, al indicar que hay vacíos en el control de los ilícitos. ‘Los mayores están en el hecho de que las autoridades, sabiendo dónde están los focos del comercio ilícito, no controlan y no decomisan. No controlan en terreno a quienes no cumplen, basta con pasar por tiendas y locales y ver marcas chinas en canastos y estanterías que jamás han registrado los productos que comercializan’, asegura.

Por eso, César Pallavicini, gerente general de Pallavicini Consultores, advierte que se deben fortalecer las facultades otorgadas a las instituciones encargadas de llevar a cabo la investigación de estas conductas ilícitas -como el Ministerio Público, la PDI y Carabineros-, ‘junto con fomentar y subsidiar la especialización de los profesionales que forman parte de estas instituciones en la aplicación de nuevas tecnologías para la investigación de estos fenómenos’, comenta.

Y añade que el sector informático y de tecnología aún está muy débil en la fiscalización: ‘A medida que se fortalezcan las atribuciones y se implementen mayores controles tecnológicos, las empresas se verán obligadas a cumplir con el licenciamiento lícito’.

Mayor castigo

Otro aspecto que se debiera discutir y promover dice relación con el aumento del castigo ante el ilícito. Catalina Achermann, gerente de asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV, explica que, por ejemplo, si bien a fines de 2018 se publicó la ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones y que establece sanciones a quienes decodifiquen, comercialicen y distribuyan en forma ilegal contenidos de TV pago, ‘a la fecha no se ha logrado su implementación. Hemos estado trabajando con las autoridades competentes a fin de lograr que se adopten las medidas necesarias que finalmente castiguen este delito’.

Lo mismo opina Felipe Bustos, gerente de asuntos corporativos de British American Tobacco Chile, sobre el contrabando. ‘Debería haber énfasis en aumentar las penas asociadas; quienes participan de la comisión del delito no cumplen penas privativas de libertad.

Y debiera establecerse la sanción de clausura de bodega y/o establecimiento comercial, al dueño o representante legal que almacene cigarrillos cuyo origen sea el contrabando, de manera que exista un control cruzado de los agentes del mercado’, indica.