Publicado el 03/10/2019

AUMENTAN INCAUTACIONES DE PRODUCTOS ILEGALES (DF 3.10)

Juguetes, cigarrillos y libros están entre las industrias más afectadas por este fenómeno que cada vez golpea con más fuerza a la economía local.

Durante el primer semestre de 2019, el Servicio Nacional de Aduanas incautó 6,5 millones de productos en puertos y zonas fronterizas que atentaron contra la propiedad intelectual. La cifra representa un 79% más que en el mismo período de 2018 y equivale a un valor comercial de US$ 39,8 millones traducidos en competencia desleal contra el comerciante formal, precarización laboral y pérdida de confianza en la institucionalidad, sostiene Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC).

La gravedad de la situación se observa, sobre todo, en dos ámbitos: en la salud y seguridad de los consumidores que compran en un sistema sin garantías, respaldo, ni autorizaciones de ningún tipo, señala Katia Trusich, presidenta del directorio de la Cámara de Centros Comerciales; y en las arcas fiscales, que se ven afectadas por graves pérdidas, añade Melero.

‘El impacto económico generado es abismal. Son US$ 6.290 millones sólo en evasión tributaria por IVA’, acota el ejecutivo sobre la base de cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII), y que podrían cubrir, por ejemplo, el presupuesto anual del Sename (US$ 544 millones), la aplicación de la reforma de pensiones (US$ 3.000 millones), el gasto fiscal para el financiamiento de la educación (US$ 1.050 millones), el costo de reintegración tributaria en régimen (US$ 833 millones) y la deuda pública hospitalaria con proveedores (US$ 550 millones).

Industrias en riesgo

Este año, la industria de juguetes continúa como la más afectada, con 54% de los productos confiscados. Le siguen los cigarrillos, con 6,3 millones de cajetillas confiscadas entre enero y junio. Uno de los problemas de este sector en particular está en la no recaudación de impuestos, explica Francisco Aravena, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. ‘El impuesto verde aplicado a cigarrillos es un gravamen pigouviano que busca regular la externalidad que su consumo produce en la sociedad. Además de que el Estado deja de recaudar fondos ante el hecho de que este impuesto no se esté pagando -producto de los ilícitos-, se provoca también que la cantidad consumida sea mayor a la socialmente óptima, afectando de manera directa a la sociedad, por el humo de los cigarrillos’, señala.

Vestuario, calzado, accesorios y cosméticos siempre han estado en la mira del comercio ilícito, con riesgos asociados a la salud como daños en la piel, ojos, uñas, pelo y cuerpo en general, con productos importados sin regulación, falsificados y contrabandeados con materias primas no autorizadas, añade Álvaro Márquez, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria Cosmética. El sector editorial también entra en esta lista, con 7.600 libros piratas incautados por la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual de la PDI a mayo de 2019, frente a los 8.338 confiscados en 2018.

Combate

El problema es de larga data y crece cada vez más, con operadores de bandas transnacionales que introducen los productos por la vía del contrabando. Ante eso, el proyecto de ley sobre comercio ilegal aparece como una de las medidas de combate y se suma a la unidad de vigilancia creada en 2018 en la Macrozona Norte del país, donde están los mayores riesgos. Tras 12 años archivado en el Congreso, el texto tuvo un avance en septiembre pasado, cuando fue aprobado y despachado para su discusión final, proponiendo desarmar bandas organizadas, regular desde municipalidades y no perseguir a vendedores ambulantes, entre otras medidas. A juicio de Melero, es una buena noticia para los sectores que luchan contra esta amenaza al comercio establecido, al tratarse del sector que más genera empleo en el país, recuerda Trusich, y que representa el 12% de la economía nacional.

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