Publicado el 09/10/2019

Columna de Katia Trusich: Solos no podemos (El Mercurio 9.10)

En las últimas semanas, hemos sido testigos del incremento de hechos delictuales cometidos en establecimientos comerciales que han causado gran impacto en la opinión pública, generando una legítima y comprensible inquietud acerca del aumento de la delincuencia y la seguridad en el comercio.

Según cifras oficiales, entre el segundo trimestre de 2019 y similar período de 2018, el robo con violencia se incrementó en 1,6% (Subsecretaría de Prevención del Delito, segundo trimestre 2019). En términos absolutos, esto significa que en esos tres meses ocurrieron 18.891 casos en el país, lo que equivale a un promedio de 210 delitos violentos al día.

De esta manera, los centros comerciales al recibir 757 millones de visitas al año se levantan como un espacio proporcionalmente seguro en comparación con otros lugares públicos afectados por estos ilícitos. No obstante, los esfuerzos de este sector siguen orientados a mejorar aún más la seguridad, porque se entiende que es un aspecto fundamental para una buena experiencia de compra, servicios y esparcimiento.

Como gremio, conocemos en profundidad el compromiso de todas las empresas asociadas por dotar de mayor y mejor seguridad a sus visitantes y locatarios. Estamos implementando un conjunto de protocolos de actuación para prevenir los delitos y apoyar a las autoridades en el control y persecución de estos ilícitos y sus autores. En la actualidad, estamos trabajando en diferentes instancias con las autoridades del Ministerio del Interior, Carabineros, PDI y el Ministerio Público.

Nuestro propósito es aportar al desarrollo de mejores prácticas preventivas y de control frente a este fenómeno. Estamos comprometidos con la seguridad de las miles de familias que nos visitan. A modo de ejemplo, hemos impulsado medidas que fortalezcan la persecución penal inteligente y efectiva de los delitos, para aportar en el proceso de investigación y asegurar su sanción. Adicionalmente, hemos propuesto cambios normativos que reducirían riesgos, tales como un horario nocturno para el retiro de valores y la regulación de la seguridad privada. Otra propuesta es que se declare como ‘entidades obligadas’ a implementar medidas de seguridad adicionales a las tiendas de telefonía, joyerías, casas de pagos y de cambios, por comerciar mercaderías y valores por más de 500 UF.

En otro orden, estamos impulsando la adopción de diversas tecnologías, como barreras de acceso, reforzamiento de cámaras de televigilancia y reconocimiento facial, siempre resguardando los derechos de los consumidores. Hemos mejorado la coordinación con las policías y trabajaremos por aumentar el número de centros comerciales que dispongan información necesaria para la detección de autos robados que ingresan a los estacionamientos. Queremos ser parte de la solución y trabajar activamente para ello. Hoy no basta con cumplir todas las exigencias legales, y así lo entendemos. Por ello, estamos avanzando en la construcción de un marco de cooperación público-privada, porque sabemos que si bien se trata de un fenómeno que afecta a la sociedad en su conjunto, estamos comprometidos con la tranquilidad y seguridad de los millones de visitantes que recibimos anualmente, de nuestros trabajadores y locatarios. La paz y la tranquilidad constituyen valores superiores que debemos proteger entre todos.

Solos no podemos. Sin embargo, si actuamos conjuntamente en beneficio de la gente y del país, el fenómeno delictual podrá ser abordado y contenido eficazmente.

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