Columna de Katia Trusich para Diario La Segunda: Comercio ilegal ( 27.2.20)

En una reciente columna, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, analiza con acierto los riesgos asociados a la expansión informal y desregulada de un porcentaje del comercio electrónico. Coincidimos en que existen peligros evidentes en el ‘mercado de internet’ basado en plataformas virtuales sin responsables claros e identificables, que impiden al consumidor contar con garantía de calidad y posventa. La existencia de intermediarios no autorizados, que no respetan la legislación local en materias como etiquetado, exigencias sanitarias, pago de impuestos y contenido de los productos, es una clara competencia desleal con el comercio establecido y con las plataformas electrónicas legales y formales.

Lo anterior es perjudicial para los consumidores y no un beneficio, como estiman algunos. Prueba de ello es el hecho de que en 2019 los reclamos al Sernac por comercio electrónico superaron, por segundo año consecutivo, a los de tiendas físicas.

Sin embargo, existe una amenaza aún mayor que el ‘mercado gris electrónico’ para el comercio, los consumidores y el Estado: se trata del comercio ilegal y desregulado que se ha extendido masivamente en los últimos meses en las calles del país. Esta actividad al margen de la ley no solo incumple las obligaciones tributarias, sino que forma parte de una estructura de ilegalidad que conforma una cadena frecuentemente iniciada en el contrabando de productos, la comercialización ilegal y el uso del espacio público sin control ni medida.

Al margen de la situación que vive el país, la autoridad no puede renunciar a la fiscalización del comercio ilegal, tanto en su dimensión física como electrónica, porque su existencia genera externalidades que afectan a los consumidores y a la sociedad en su conjunto. Está comprobado que la mayor actividad de comercio ilegal contribuye a mayor inseguridad y delincuencia.